Mañana se empieza a debatir en la Asamblea Francesa la Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme (proyecto de ley destinada a luchar contra las formas renovadas de antisemitismo), más conocida como Ley Yadan, por ser el apellido de la ilustre parlamentaria que la apadrina y presenta, Caroline Yadan, (elegida diputada por la 8ª circunscripción de franceses en el extranjero, un grupo en el que hábilmente se ha colocado a Israel -junto con Turquía, Italia, Chipre, San Marino, Vaticano y Malta- pese a que su circunscripción normal sería con los países de su entorno, la décima, países de Asia y África; el cabildeo pro-ísraelí lleva mucho trabajo hecho, no hay duda de que no descansan) junto con la diputada Aurore Bergé, de Renaissance, antigua Ministra de Igualdad, y el apoyo irredento del ex-diputado franco-israelí Meyer Habib, suspecto de sionismo militante e infatigable y antecesor en el escaño de la Sra. Yadan.
Se trata básicamente de una ley más contra el delito de opinión, lo que da una idea de hasta qué punto el desgaste reputacional del Estado de Israel es enorme y de cómo se quiere convertir la impunidad de facto de ese Estado en una impunidad de iure. Me imagino la febril actividad de los lobbistas proisraelíes, con BHL a la cabeza, en todos los medios privados y públicos franceses. Por si fuera poco, la ley castiga penalmente con cinco años de "prison ferme avec depôt immediat" la incitación implícita a la comisión de actos de terrorismo. ¡Chúpate ésa! ¡Una nueva categoría indiciaria, la provocación implícita! ¿Y quién va a decidir cuál era la voluntad supuesta del acusado? Un disparate jurídico en toda regla. La verdadera intención del proyecto de ley es reprimir y acallar la defensa pública de los derechos del pueblo palestino.
Los prolegómenos de la Ley Yadan indican que "Aujourd’hui, la haine antijuive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l’égard d’Israël, régulièrement délégitimé dans son existence et criminalisé". Como si las acciones de Israel no tuvieran nada que ver con la reacción de rechazo que producen. Sus defensores dicen que la ley no criminaliza la crítica de Israel, sino la negación de su derecho a existir, y que no se asimila antisionimo con antisemitismo. La realidad es muy diferente. En la derecha mediática francesa hay enorme preocupación por la forma en que el relato frontal contra las políticas crueles del Gobierno Netanhayu, abanderado por el LFI de Mélanchon y diputados como Rima Hasan, Mathilde Panot o Manuel Bompard, o incluso Dominique de Villepin, nada sospechoso de "islamogauchismo", ha calado fuertemente en el público francés y ha encontrado una aceptación importante, frente a la propaganda mediática de grupos como los de M. Bolloré o BFM. Esta ley es un intento de recuperar terreno mediático perdido y reprimir la contestación, ahora que el Estado israelí, devenido Estado judío a secas, ve cómo se convierte en Estado paria en razón de sus propias decisiones y actuaciones al margen de cualquier legalidad internacional o recato humanitario. El proyecto de ley fue admitido a trámite con la abstención del Partido Socialista, y François Hollande, ex-presidente de la República, ha declarado que la apoyará (con alguna modificación, creo), lo que no acaba de extrañar, visto el paupérrimo desempeño de Hollande a todos los niveles. Su continuidad en la vida política francesa es un misterio. Ocupar la máxima autoridad del Estado en Francia y seguir en la brecha después de ser desalojado del Elíseos produce cierto sonrojo ajeno. Quizás el CRIF y el ELNET harían bien en convencer a Israel para que, en vez de gastar energías y agotar a todo el mundo con su hasbara, su aireada victimización y sus protestas de antisemitismo, comprendiera que el derecho de un Estado a existir se conquista declarando fronteras inamovibles, respetando las relaciones de buena vecindad y no apropiándose de territorios ajenos por la fuerza, masacrando en el camino a miles de civiles. Y, puestos a pedir, no abusando sin piedad de la paciencia de la comunidad internacional en su conjunto. Ojalá esta Ley sea rechazada. De momento ya ha conseguido reunir más de 700.000 firmas para que así sea, lo que ha exigido un debate en la Assamblée.
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